El Tribunal de Casación Penal confirmó la condena a una oficial de la Policía bonaerense la denominada «Masacre de Quilmes», en la que murieron en octubre de 2004 cuatro adolescentes tras incendiarse una comisaría en la que estaban demorados y la que también fueron juzgados otros diez policías, pero dispuso que la pena de cuatro años sea rebajada, informaron fuentes judiciales.
La Sala III, integrada los jueces Ricardo Borinsky y Víctor Horacio Violini, rechazó los planteos de la defensa de Elda Marina Guaquinchay Bogado y ratificó la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 5 quilmeño que la condenó el delito de «omisión de denuncia de torturas».
«Para las familias de Elías Giménez (15), Diego Maldonado (16), Miguel Aranda (17) y Manuel Figueroa (17) es una gran noticia confirmar la condena», dijo Tobías Corro, referente social que las acompañó durante todo el proceso.
No obstante, Casación dispuso en su fallo -al que Data Judicial tuvo acceso- que el TOC 5 adecúe una nueva pena para la imputada, quien continúa en libertad, al anular el «agravante de extensión del daño causado» el que le habían dado un año más de prisión.
«La conducta que se esperaba era que la imputada cumpliera con su obligación y deber de funcionaria policial, que tal como sostuvo el inferior poseía la responsabilidad funcional, la competencia y la jerarquía necesaria para impedir que las conductas delictivas se continuaran desarrollando (lo cual la colocaba en posición de garante), pero lo comprobado es que no desarrolló ninguna acción tendiente a evitar tormentos», determinó el juez Violini en su voto.
Según el magistrado, «el agravio planteado la defensa resulta ser una reiteración del vertido en el debate, pero no aborda ni refuta ni una sola línea de los argumentos expresados el a quo, lo que trasluce en que la recurrente no se hace cargo de las razones dadas el Tribunal».
En diciembre del año pasado, los jueces Juan Martín Mata, Gustavo Farina y Federico Merlini del TOC 5 acreditaron que la oficial ayudante «omitió adoptar medidas necesarias para evitar o interrumpir la comisión de los maltratos y tormentos llevados a cabo los funcionarios policiales», lo que además de los cuatro años de cárcel le dieron ocho de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos.
La «Masacre de Quilmes» es uno de los casos emblemáticos de la violencia institucional de los últimos 20 años.
El hecho ocurrió en la noche del 20 de octubre de 2004 cuando policías ingresaron a las dos celdas de la comisaría 1ra. de esa localidad, que alojaba a 17 adolescentes, a quienes golpearon y sometieron a torturas.
En reclamo, los detenidos iniciaron un incendio y motín, que derivó en la muerte de los cuatro jóvenes que quedaron encerrados en sus celdas y no pudieron escapar de las llamas.
En 2015 se realizó el juicio y las torturas y el incendio, fueron sentenciados a penas de entre 3 y 16 años el excomisario Juan Pedro Soria, el subcomisario Basilio Vujovic, el oficial inspector Fernando Carlos Pedreira Catalonga, el cabo Hugo D’Elía, los agentes Franco Góngora, Gustavo Altamirano y Elizabeth Fernanda Grosso, y los oficiales Gustavo Ávila, Héctor Jorge Gómez y Juan Carlos Guzmán.
En el fallo del TOC 3 de Quilmes, los que recibieron la mayor pena fueron Pedreira (a quien le dieron 16 años de prisión), y D’Elía y Guzmán, quienes recibieron 10 y 9 años, respectivamente, pero están en libertad condicional.
Ninguno de los condenados fue preso hasta 2022, cuando el mismo TOC 3 ordenó que el inspector Pedreira (46), quien se hallaba cumpliendo prisión domiciliaria monitoreado una tobillera, sea enviado a la Unidad Penitenciaria 9 de La Plata, donde deberá permanecer hasta el 18 de octubre del 2031.
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