Corrupción policial y policías corruptos, un verdadero peligro para la sociedad…

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La delincuencia policial puede definirse como  un fenómeno policiológico (lógica policial) que suele afectar solapadamente a todos los niveles de la cultura policial muy bajo o alto que sea el rango del policía. Lo cual incluye comisarios, generales y directores de la policía o de las fuerzas armadas. Los delitos de policías tienen una variedad tan amplia como la que existe en los tipos del Código Penal.  El policía delinque como cualquier otro tipo de ciudadanos, pero delitos policiales pueden entenderse mejor aquellos que se realizan utilizando el cargo, los medios, instrumentos, armas, documentos o información que está sólo al alcance de los hombres con placa.

También existen delitos policiales omisión, tanto del deber de socorro, como la ocultación o destrucción de pruebas que deberían de aportarse a algún procedimiento judicial. Un “mal policía” deliberadamente puede impedir que la judicatura llegue a conocer la verdad. En estos casos, la labor de un perito forense especializado suele ser trascendental.

Existen numerosos criterios para clasificar los tipos policiológicos y algunos de los peritajes sobre actividades policiales son el reconocimiento o constatación de denuncias informales y formales, realización de informes periciales, revisión o auditoría de dictámenes periciales y policiales, revisión de procedimientos policiales y contraste en terreno de la labor policial. También el peritaje sirve o puede ser solicitado para reforzar sospechas, hipótesis o teorías policiales.

En principio una diligencia policial debería constatar hechos documentados o testificados (fácticos), sin hacer valoraciones subjetivas, aunque es un frecuente error policial el incluir opiniones, a veces muy impertinentes, (sesgo del “piensa crimen” o quien posee una verdadera compulsión mental para elaborar hipótesis duras, lo cual facilita la adaptación y selección de solamente las evidencias que le sirven a la elucubración).

Lamentablemente, es un frecuente error de la policía sobreactuar con prepotencia y desprecio ante otras opiniones, pretendiendo siempre impedir cualquier posibilidad de refutación. La experiencia demuestra que cuanto más hacen los policías reprimir las argumentaciones expertas, menos validez y consideración adquieren los resultados de su trabajo.

LA IMPOSTURA DEL POLICIA CORRUPTO

De todos los delitos que pueda cometer un policía, el que hace más necesario la participación de un perito externo y experto, es en el de la “impostura criminal”, o cuando verdaderos criminales o delincuentes se hacen agentes policiales con fines y valores absolutamente opuestos a los que rigen o regulan el que hacer de las policías en sociedad.

Los “impostores policiales” son lo general componentes de una criminalidad organizada e inteligente, que lo general y dependiendo de la geografía están ligados al narcotráfico y grupos criminales o mafias dedicadas al tráfico de personas y de influencias.

Otro delito policial a considerar es el que trata sobre la falsedad de testigos, investigadores y peritos, que cuando son policías, pueden alterar completo un procedimiento judicial, con el objeto de inculpar a personas inocentes.

Para estos casos, el perito experto en el análisis del comportamiento, deberá elaborar  técnicamente la prueba capaz de superar la presunción de veracidad del policía mendaz o corrupto, enfrentando o confrontando los hechos con el testimonio o presentación de pruebas falsas. Todos, los delitos policiales conllevan mentira y falsedad; Los falsos testigos de actos delictivos para falsos testimonios, imposturas, coimas, protección de criminales, resolución de casos con personas inocentes (“crímenes perfectos”) etc…

El problema de la corrupción policial no ha sido tratado, cómo se debiera nuestras instituciones y Estados, la mayoría de los países regidos gobiernos “democráticos” ni siquiera cuentan o tienen cómo prioridad el desarrollo y promulgación de políticas criminales. “Irónicamente” las políticas criminales, son quizás las únicas y más importantes medidas gubernamentales para resguardar la seguridad nacional interna y consiguiente el bienestar o seguridad de los ciudadanos. Cabe destacar que el perjuicio social de la criminalidad organizada en cualquiera de sus expresiones es “exponencialmente” más dañino para la seguridad y el patrimonio fiscal, que el daño que provoca la delincuencia común o la cometida personas marginales o ciudadanos comunes, que no son participes de la autoridad pública, política o policial.

Tradicionalmente se ha entendido la corrupción policial como aquellas conductas policiales que resultan en ganancias privadas. Asimismo, la corrupción incluye una serie de abusos policiales típicos, tales como; la fabricación de pruebas, el uso de la brutalidad para el combate contra la delincuencia, la conformación de nexos para el narcotráfico o de grupos criminales organizados etc. Sin embargo, los abusos de autoridad y la corrupción, también están motivados y fomentados objetivos propios de la organización policial. De esta forma, la corrupción, además de definir conductas tendientes a la promoción de beneficios personales, aparece asociada aveces y según contexto geográfico, a sus propios objetivos organizacionales.

Esta unidad o linea de análisis es particularmente preocupante, ya que concentra la delincuencia policial, no en conductas individuales – la «tesis de la manzana podrida» o de los «malos policías«- sino que en la forma de una estructura organizacional corrupta o represiva, vinculada solapadamente con el poder político, lo cual puede conformar determinaciones sociopolíticas corruptas o redes institucionales completamente ilegales e impunes.

O sea, la corrupción en estos casos, no es una desviación individual fruto de una elección consciente, sino que como el resultado de una estructuración policial institucional y de las condiciones sociopolíticas en las que esta se desarrolla.

MECANISMOS PARA PREVENIR LA CORRUPCIÓN POLICIAL

En países desarrollados se han creado diversas herramientas para garantizar la corrección y prevención de las conductas delictuales de la policía, tanto a nivel individual como institucional:

a) Mecanismos internos: a nivel individual se pretende desarrollar la autoestima, el orgullo de ser profesional de la policía, la autodisciplina. Se pretende basar todo ello en una correcta formación técnica y deontológica.

Desde la perspectiva institucional, se realiza una selección de personal exigente entre los aspirantes, se ha invertido de forma generosa en formación, se pretenden modificar alguno de los elementos inamovibles de la antigua cultura policial. Se ha desarrollado un Reglamento de régimen disciplinario y se han creado  brigadas de asuntos internos que investigan las actuaciones corruptas de algunos policías.

b) Mecanismos externosEl código penal que se aplica a través de tribunales, jueces y fiscales. Los medios de comunicación o denuncias ciudadanas (últimamente, también los delincuentes y los buenos policías) que sacan a la luz actuaciones anómalas de algunos policías y que suponen una seria crítica a la actuación policial y en ocasiones, a los métodos empleados.

El Defensor del Pueblo” (ausente en la mayoría de los países subdesarrollados o en vías de desarrollo), institución valorada y respetada, con autonomía respecto del poder ejecutivo, que emite informes anuales, denuncias, patrocinios de causas e investigaciones acerca del actuar y grado de respeto los derechos ciudadanos que muestran las diferentes administraciones del país.

Organismos internacionales auspiciados Naciones Unidas, Consejo de Europa que a través de comisiones realizan investigaciones sobre denuncias presentadas en esos organismos. Determinadas ONGs con solvencia internacional cuyos informes pueden constituir una referencia seria para conocer la profesionalidad en las actuaciones policiales de cada país.

c) Mecanismos mixtos: Hay un tercer grupo de mecanismos de control que podemos denominar mixtos. Estos tienen como objetivo mantener una comunicación permanente con la sociedad, en aspectos como, la “reunión de control”, que se desarrolla en el ámbito de una jefatura superior o de una comisaría con la finalidad de valorar la seguridad ciudadana de cada uno de sus distritos. Tiene carácter semanal y en ella se admite la presencia de asociaciones, colegios profesionales, organismos, etc.

En todos estos mecanismos existe espacio y es más, debería haber unidades conformadas equipos civiles multidisciplinarios y profesionales, tendientes a regular, analizar, revisar y combatir el accionar delictivo específicamente de policías corruptos y/o de manifestaciones oscuras que transgredan o puedan arriesgar siquiera la independencia necesaria para mantener y resguardar la transparencia institucional y política de cualquier Estado en democracia.

Corrupción y muerte: qué casos vinculan a un comisario de Quilmes con dirigentes y políticos de Florencio Varela, para dar un ejemplo

Por la desaparición de Lucas Escalante y el crimen de Lautaro Morello en Florencio Varela, un importante comisario de Quilmes quedó vinculado a la causa un presunto ajuste de cuentas. Pero no sólo eso, sino que el funcionario estaría ligado también a un caso venta de drogas, y a una red de trata que fue desbaratada hace dos años en el sur del Conurbano, en la que además figuran políticos y dirigentes gremiales.

Se trata de Francisco “Coco” Centurión, actual comisario Mayor de la Policía Bonaerense, quien en años anteriores se desempeñó como titular del área de Drogas Ilícitas de Quilmes. De ese cargo fue desplazado en julio del 2020, luego de una ola de robos que sucedieron en la localidad del sur del Conurbano.

La gota que rebalsó el vaso fue el caso del jubilado Jorge Ríos, que asesinó a un ladrón que quiso asaltarlo. Después de ese hecho, Sergio Berni decidió cambiar la cúpula policial y Centurión entró en la “volteada”. El funcionario provincial supo ocupar un cargo también en 2014 como titular de la comisaría Novena de Quilmes.

Después de que el comisario fuera desplazado de Drogas ilícitas, los vecinos de Quilmes aseguraron que la banda delictiva que tenía en vilo a toda la localidad estaba siendo “protegida” la Policía. Incluso, lo vinculan con el crimen de Adrián Novillo, un joven de 16 años que fue asesinado a golpes un grupo de al menos ocho personas a la salida de un boliche, y sostienen que son los mismos que atacaron al jubilado Jorge Ríos.

Los familiares de Novillo publicaron un comunicado en las últimas horas, relatando la situación que vivieron en 2014, y celebraron la detención de los sospechosos. “De tal palo tal astilla. El hijo y sobrino del ahora comisario mayor de la bonaerense, Francisco Centurión, están detenidos. Son a quién denunciamos en el homicidio de Adry connivencia con el grupo de hienas que a golpes atacaron y mataron a mi hijo para robarle. Pero claro, como esa bandita de la Villa La Vera vendía droga y robaba con la protección de ellos, la denuncia la desaparición en la comisaría 9 de Quilmes donde yo misma ví las cámaras municipales, ví a mi hijo (que el fiscal Sarra pidió a hora cero) desaparecieron cuando mi hijo falleció. Dijeron que las cámaras no habían filmado nada”, expresaron.

Y añadieron: “Luego de nuestra denuncia, esa y otras irregularidades, para que no se descubra la verdad realizamos ante Asuntos Internos de La Plata la denuncia a esa comisaría, pero a Centurión lo terminaron ascendieron al sector de delitos de drogas. Ahí anda su prole, asesinando gente, mientras la policía ( su padre y tío) los limpian, como ellos llaman a estas aberraciones”.

Ajuste de cuentas y muerte

Por el caso de Lucas Escalante y Lautaro Morello, el comisario quedó involucrado una supuesta venta de vales de nafta de los patrulleros de la Bonaerense, una de las cajas y negociados más importantes que tiene la cartera. Según pudo saber este medio, Lucas -quien hasta ahora se encuentra desaparecido- habría recibido este beneficio parte de Cristian y Maximiliano Centurión, hijo y sobrino del Francisco.

Audios de WhatsApp, videos que reconstruyeron el recorrido del auto BMW hacia la vivienda del hijo de un comisario, una cámara de seguridad que captó a uno de los imputados comprando un bidón de nafta y el análisis de las comunicaciones, son algunos de los 12 indicios que utilizó la fiscal de la causa para pedir la detención de los dos primos imputados.

Según los investigadores, el último lugar donde estuvieron las víctimas fue en la casa del comisario, antes de que Lautaro aparezca muerto. Vaya casualidad.

De Lucas no se tienen noticias y su paradero es un misterio. Lo que sí se sabe es que mientras funcionarios de la fuerza Bonaerense están abocados a su búsqueda, la fiscal Mariana Dongiovanni se niega a apartar de la investigación a la policía de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de Sergio Berni. La familia se cansó de marchar a la fiscalía descentralizada de Florencio Varela, pero parece que el negocio oscuro también salpica a la funcionaria, algo tiene que ocultar.

Prostitución y corrupción

En 2021, el ex concejal del Frente Renovador, Daniel Zisuela, familiar de Francisco Centurión, fue condenado fue condenado a la pena de 13 años de prisión al ser hallado culpable de los delitos de “Facilitación y promoción de la prostitución y corrupción de menores” el Tribunal N° 2 de Quilmes. Por el momento no se determinó la connivencia del comisario, pero se sospecha que lo estuvo encubriendo.

Entre los colaboradores del concejal proxeneta, las víctimas mencionan a Mirta Rojas, referente de Libres del Sur y candidata a concejal en la lista de Florencio Randazzo en Varela, quien lo visitaba asiduamente en el Consejo Deliberante.

Paula, una de las víctimas, explicó cómo operaban juntos: “Ella le entregaba chicas a Zisuela y recibía un dinero a cambio. Eso lo vi dos veces, una vez en el Concejo Deliberante y otra en El Jagüel, un restaurante que está frente al Consejo. Rojas tiene un merendero, hay jovencitas que están siendo abusadas esta señora que además tiene custodia policial mandada la municipalidad. Es terrible lo que está pasando. Es una persona que se comprobó que era cómplice de Zisuela, y que está implicada en el delito de prostitución.”

La lista de dirigentes gremiales y políticos denunciados en la Justicia como involucrados en la red de trata de Zisuela es larga, a muchos Paula los vio entrar y salir de la oficina que Zisuela tenía en el Concejo Deliberante donde realizaba sus “transacciones” y “vendía” a las pibas, como es el caso de gerentas de Anses de Florencio Varela a quien Zisuela le facilitaba jóvenes para prostituirlas.

Pero, además, figuran Darío Olmedo, secretario general de ATE Varela; Juan Olmedo, ex secretario general de UOCRA; Diego Giménez, ex tesorero de UOCRA y candidato a concejal en la lista de Juntos; Hugo Pereyra, secretario de Articulación Institucional del Municipio de Florencio Varela; Isabelino “Negro” Barraza, funcionario de la Subsecretaría de Seguridad y Defensa Civil de la Municipalidad de Florencio Varela; Pamela Sosa, ex colaboradora de Daniel Zisuela, militante del Frente de Todos; y Cacho Escobar, empresario vinculado a UOCRA. Todos ellos están en libertad.

La joven dio detalles respecto de que Zisuela había creado una red de trata de menores de edad, al punto de contar con una estructura de cómplices y colaboradores que le otorgaban total impunidad: “Toda la municipalidad sabía lo que él hacía, pero nadie hizo nada porque, además, Zisuela era familiar de un alto jefe de policía de Quilmes de apellido Centurión”, aseguró.

“Cuando se enteró que iba a irme me golpeó muy feo y me amenazó de muerte, me dijo que iba a contratar a un drogadicto para que me mate y parezca un accidente y nadie se iba a dar cuenta. Desde ese momento viví escondida, estaba deprimida, me quise suicidar”, relató la joven.

Esto deja al descubierto el entramado de corrupción policial y político que hay dentro de la Municipalidad de Florencio Varela y la Justicia de Quilmes, quienes tejen una red de complicidad en la que, el que quiere salir, termina muerto.

Algunas prácticas necesarias y vitales para el logro de lo anteriormente mencionado son:

1.- El desarrollo y promulgación de políticas criminales o de leyes específicas contra la delincuencia policial y militar, el crimen organizado, la corrupción política, del poder judicial o de los funcionarios públicos a nivel general.

2.- Mecanismos internos de evaluación, control y resguardo de “la probidad” en funcionarios policiales, del poder judicial, políticos y funcionarios públicos a nivel general. Ej. Examen de pelo o prueba de orina un mínimo de 2 veces año.

3.- La creación global de organismos ciudadanos ¡autónomos!, respecto del proceder y actuar de todas las instituciones y representantes que afectan los intereses, necesidades y derechos de la mayoría ciudadana.

4.- Por último, la derogación de cualquier resquicio legal (Ej: Querellas injurias o calumnias) o medidas de sanción o de persecución, tendiente a evitar, amedrentar o ha disminuir el acto de denuncia pública, privada o inclusive anónima en la ciudadanía o de los buenos funcionarios públicos; policías, políticos, jueces y militares…