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La Argentina aprobó la convención contra la Tortura Ley 23.338, del 30 de julio de 1986. Ratificada el 24 de septiembre de 1986 con la siguiente declaración: “…Con arreglo a los artículos 21 y 22 de la presente Convención, la República Argentina reconoce la competencia del Comité contra la Tortura para recibir y examinar las comunicaciones en que un Estado parte no cumple las obligaciones que le impone la Convención y da creación a la siguiente ley.
Ley 26.827
Créase el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Sancionada: Noviembre 28 de 2012
Promulgada de Hecho: Enero 7 de 2013
En 2017 se puso en funcionamiento el C.N.P.T. y en los términos del artículo 11 de la ley 26.827, y de esta manera la conformación de 13 miembros: a) (6) representantes parlamentarios propuestos el congreso de la nación, entre diputados y senadores, b) (3) representantes de las O.N.G., c) (2) representantes los mecanismos provinciales, d) un representante del poder ejecutivo, y e) El Procurador Penitenciario.
Los miembros son elegidos la Comisión Bicameral de la Defensoría del Pueblo.
Al mismo tiempo cada provincia debe contar con la creación y puesta en funcionamiento de su Mecanismo provincial de Prevención contra la Tortura.
ARTICULO 32. — De la creación o designación. Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires crearán o designarán las instituciones que cumplirán las funciones de mecanismos locales para la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles,inhumanos o degradantes, respetando los principios y criterios establecidos en la presente ley.

La Procuración Penitenciaria de la Nación, sin perjuicio de las demás facultades establecidas la ley 25.875, cumplirá las funciones de mecanismo de prevención de la tortura en los términos de la presente ley en todos los lugares de detención dependientes de autoridad nacional y federal.
El objetivo del órgano tiene que ver con la defensa de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad, alojadas en centros juveniles o geriátricos, públicos o privados.
Los resultados fundamentales del Comité se miden en dos efectos, en políticas y medidas de prevención de la tortura (más directas o indirectas) y en políticas y acciones en contra de la impunidad de los perpetradores y de asistencia a las víctimas. Para lograr estos efectos el Comité debe: 1. Detectar la tortura y los malos tratos en lugares de detención (en sentido amplio) y las condiciones que la hacen posible (hallazgos); 2. A partir de dichos hallazgos y en dialogo con estado y sociedad civil hacer recomendaciones de políticas y acciones para modificar las condiciones que hacen posible la tortura y los malos tratos, identificando “quiénes debe hacer qué cosas, cómo y cuando”; 3. Brindar asistencia para la implementación de las recomendaciones cuya implementación se acuerde; 4. Evaluar el cumplimiento de las recomendaciones y el efecto de las políticas y acciones (nuevos hallazgos).
ARTICULO 30. — Del presupuesto. La Ley General de Presupuesto deberá contemplar las partidas necesarias para garantizar el adecuado funcionamiento del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, a fin de cumplimentar los objetivos que encomienda la presente ley.

Para el primer ejercicio anual, los créditos que determine la ley de presupuesto no podrán ser inferiores al tres ciento (3%) de los asignados para el Congreso de la Nación.

PELIGROSO:
ARTICULO 17. — De las garantías e inmunidades. Los miembros del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura gozarán de las inmunidades establecidas la Constitución Nacional para los miembros del Congreso. No podrán ser arrestados desde el día de su designación hasta el de su cese o suspensión.

Cuando se dicte auto de procesamiento y/o resolución similar la justicia competente contra alguno de los miembros del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura delito doloso, podrá ser suspendido en sus funciones ambas Cámaras hasta que se dicte su sobreseimiento o absolución.

Los miembros del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura no podrán ser condenados en costas en las causas judiciales en que intervengan como tales. Asimismo, tienen derecho a mantener la confidencialidad de la fuente de la información que recaben en ejercicio de sus funciones, aun finalizado el mandato.

Durante la vigencia de su mandato y en relación con su labor, los miembros del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, gozarán de inmunidad contra el embargo de su equipaje personal, contra la incautación o control de cualquier material y documento y contra la interferencia en las comunicaciones.

NOTA:
Los 7 miembros políticos vencieron sus mandatos el 27 de diciembre de 2021. Hay que averiguar si siguen de manera defacta en funciones y cobrando sueldos, arraigo y viáticos entre otros
La Comisión Bicameral que lleva el proceso de selección y que designa el Senado no esta conformada.

El presupuesto es claramente una fuga de dinero del sistema para fines partidarios e ideológicos. Frente Para la Victoria; CELS; Agrupaciones como Madres, Abuelas e Hijos
Por la política se encuentran escondidos ex diputados y senados que reciben buenos sueldos, viáticos e inmunidad de arresto y detención.
Se debería presentar una ley que reforme sustancialmente al menos en estos puntos a la ley vigente.
Un honorario o viático, toda vez que la labor es redundante, las provincias tienen la obligación de contar con un mecanismo, la PPN cumple la función para las cárceles nacionales y federales.
El mandato de los actuales que cesó el 27 de diciembre y no pueden quedarse con la excusa de que no se seleccionaron a los nuevos pues deberían contar con la aprobación de la bicameral y del senado.
Espero haber sido claro y conciso