LA DIPUTADA NACIONAL MÓNICA FRADE DENUNCIA PENALMENTE A LA INTENDENTE MAYRA MENDOZA POR MALVERSACIÓN DE FONDOS Y TRÁFICO DE INFLUENCIAS. HUMO Y MÁS HUMO.

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Nota: La misma denunciante serial Monica Frade, es la misma que puso un personaje siniestro en la lista de Juntos Quilmes. Es la misma que en plena pandemia cobraba los biaticos en el congreso Nacional sin moverse de su casa. Su carrera política se basa en escandalos y denuncias. Creo que Juntos tiene que empezar a limpiar la mierda desde adentro, sacando a su pollo del puesto donde lo puso.

La denuncia contra la intendente de Quilmes, Mayra Mendoza, tiene base en la fiesta del 72° Aniversario de San Francisco Solano, que culminó el pasado 10 de octubre con el show musical de Karina «La Princesita».

La abogada quilmeña y Diputada Nacional la Coalición Cívica Ari en Juntos el Cambio, Mónica Frade, denunció penalmente a la intendente de Quilmes, Mayra Mendoza, la posible comisión de los delitos de Defraudación al Estado, malversación de fondos y tráfico de influencias. Interviene en la causa la fiscal Ximena Santoro del Departamento Judicial de Quilmes.

A partir del mes de agosto, Mendoza comenzó a ofrecer una sucesión de espectáculos públicos, con el objetivo de lograr el «entretenimiento» de la sociedad local, en el marco del Aniversario de San Francisco Solano, Partido de Quilmes. El primero de ellos se registró la noche del domingo 10 de octubre del corriente año con un «cierre» que brindó la cantautora de música tropical Karina «la princesita».
Algunas de las «versiones» públicas atribuían un pago a La princesita de 8 millones de pesos, el cierre de ese espectáculo artístico, hecho que fue públicamente desmentido la aludida en sus redes sociales, quien llegó a afirmar que «nada había cobrado», y que «sectores privados habían abonado», etcétera; en suma, declaraciones contradictorias unas con otras.
Ante estos hechos y estar implicado el manejo del erario público, el 4 de noviembre, la Diputada Frade presentó en la Municipalidad de Quilmes, un pedido de acceso a la información pública solicitando detalle concretamente en relación a los términos de esas contrataciones.

La respuesta formal de la Municipalidad de Quilmes al pedido de acceso a la información pública se limitó a informar solo lo que era de público conocimiento: la identificación de los artistas contratados, no así, en cambio, los montos abonados y el desaguisado de lo abonado. Eludieron la información, argumentando que eso lo harían en la «próxima rendición de cuentas», sugiriendo que el único que tiene competencia para el control de la gestión es el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires y, supuesto, soslayando la obligación legal impuesta de informar.

Ante ello la diputada Frade pide a la justicia que investigue la trazabilidad del dinero, el posible tráfico de influencias, las ofertas de las otras empresas, los sobreprecios y los beneficiarios de esos pagos, montos y fechas. «Estamos frente a una erogación de apariencia exorbitante, con una artista que dice no haber cobrado nada, luego de cobrar de un empresario y con una cerrada negativa oficial a dar precisiones», indicó Frade.

Con un mes de demora fue publicado en el Boletín Municipal el Decreto N.° 3310/2021, del día 7/10/21, correspondiente al Expediente N.° 4091-9617-S-2021, iniciado en la Secretaría de Cultura y Deportes, mediante el que convalida el contrato de locación celebrado entre la Municipalidad de Quilmes y la empresa «TIEMPO BETA SRL», modalidad de contratación directa, hecho este perfectamente legal. No obstante, no existe información sobre montos abonados con detalle de conceptos. Las versiones son variadas, algunas aluden al pago de 20 y otras de 32 millones de pesos estos espectáculos, dinero que se abonó con fondos de origen municipal a la productora de referencia, desde luego ignorando si los artistas señalados cobraron, cuánto y cuándo.

La empresa mencionada, «Tiempo Beta SRL», es la que obtiene todas las contrataciones, no solo de espectáculos similares en otros distritos como, ejemplo, La Matanza, sino también la contratada durante toda la pandemia de Covid-19, desde marzo de 2020, el Poder Legislativo Nacional para llevar adelante el sistema de sesiones virtuales en el Congreso.
El presidente de la empresa, Ignacio Saavedra, fue subgerente de Canal 7 y director de la ex Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA).