El juez federal Juan Esteban Maqueda hizo lugar a una medida cautelar solicitada la oposición que le impide al gobernador y a su gabinete avanzar con algunas políticas asistencialistas que había anunciado.

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El juez federal Juan Esteban Maqueda le prohibió este viernes al gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, entregar dinero en efectivo, microcréditos, subsidios y otros planes sociales mientras dure la campaña electoral de cara a los comicios del próximo 14 de noviembre.

El mandatario provincial tenía previsto avanzar con una serie de iniciativas que van en línea con la estrategia de la Casa Rosada, que desde hace semanas viene impulsando nuevas medidas de asistencia para los sectores más vulnerables con el objetivo de retener votos y conseguir los que no obtuvo en la PASO.

En ese marco, Rodríguez Saá lanzó un plan en donde estableció que el piso salarial para los trabajadores de su jurisdicción tiene que ser $ 70.000 de bolsillo, lo que en el caso de los empleados del ámbito privado que no lleguen a esa cifra será el Estado provincial quien cubrirá la diferencia.

Además, anunció microcréditos unos $1.250 millones y ayudas que se iban a brindar a través de dinero en efectivo para determinados sectores sociales, unos 85 millones de pesos, entre otros proyectos similares.

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Ante esta situación, el Comité de Control Electoral de Juntos el Cambio presentó una denuncia el presunto uso de fondos públicos para financiar la campaña del oficialismo en San Luis y se abrió una investigación que quedó en manos del fiscal federal Cristian Rachid. Le solicitó al juez Maqueda medidas cautelares urgentes para frenar las medidas asistencialistas.

Para el funcionario judicial, podrían existir maniobras irregulares en la administración de Rodríguez Saá para revertir la derrota de las PASO y ganar las elecciones del 14 de noviembre, movilizando la estructura del Estado y usando recursos de la provincia. En las elecciones primarias, el peronismo en San Luis obtuvo el 37,3% de los votos contra el 46,9% de Juntos el Cambio.

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En la resolución que firmó este viernes, el juez Maqueda ordenó “hacer lugar parcialmente a la medida cautelar solicitada” el fiscal y, “en consecuencia, ordenar la restricción al Poder Ejecutivo Provincial al solo efecto de que los ministros, secretarios de Estado y demás funcionarios competentes, se abstengan de ejecutar, hasta pasadas las elecciones generales previstas para el día 14-11-2021 próximos”, de varias de las iniciativas que habían anunciado.

Los programas que quedaron sin efecto hasta después de los comicios son los “contratos de mutuo en ejecución de la línea de microcréditos”; los “pagos en ejecución del plan de asistencia al desempleado”; la denominada “ayuda extraordinaria”, y los “subsidios en dinero.

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