Cuáles son las leyes sancionadas en dictadura que benefician a la Iglesia y todavía siguen vigentes

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Si bien la Iglesia comenzó un proceso de renuncia a estos privilegios, todavía hoy los obispados reciben dinero del Estado decisión de Jorge Rafael Videla. Cuáles son las normas y qué dicen. La posición del Gobierno

Gracias al gobierno de facto del genocida Jorge Rafael Videla, los arzobispos, obispos y el vicario castrense reciben una asignación mensual pagada el Estado. Por obra y gracia del dictador Pedro Pablo Ramírez y su efímera presidencia entre 1943 y 1944, la “Santísima Virgen María” ostenta el grado de Generala del Ejército argentino. Concretas o simbólicas, muchas de las dictaduras que gobernaron el país la fuerza dejaron en la mochila de la democracia 156 leyes que aún en la actualidad, casi cuatro décadas después del último día de gobierno de facto, están vigentes.

Al menos 13 de estas leyes-decreto benefician específicamente a la Iglesia católica y, sobre todo, al bolsillo de sus jerarquías. Seis, más un decreto, fueron sancionadas durante la dictadura que comenzó el 24 de marzo de 1976 y terminó el 10 de diciembre de 1983. Si bien la Iglesia comenzó un proceso de renuncia a estos privilegios, todavía hoy los obispados reciben dinero del Estado decisión de Videla.

La ley 21.950, firmada el 7 de marzo de 1979, establece que los arzobispos y obispos gozarán de una asignación mensual equivalente al 80 % de la remuneración fijada para el cargo de Juez Nacional de Primera Instancia, hasta que cesen en dichos cargos.

También, la ley 21.540, sancionada el 21 de septiembre de 1982, decreta que los arzobispos y obispos que cesen en sus cargos por razones de edad o de invalidez, gozarán de una asignación mensual vitalicia equivalente al 70 % de la remuneración fijada al cargo de Juez Nacional de Primera Instancia.

Los curas en zonas de frontera tienen desde la sanción de un decreto-ley del 13 de febrero de 1980, una asignación mensual equivalente a la de la categoría 16 del Escalafón del Personal Civil de la Administración Pública Nacional, que es el “personal de ejecución”.

Otra ley de las firmadas Videla otorga una asignación mensual vitalicia a sacerdotes mayores de 70 años no amparados un régimen oficial de previsión o de prestación no contributiva, equivalente al haber mínimo de jubilación del régimen nacional de jubilaciones y pensiones para trabajadores en relación de dependencia.

Estos beneficios fueron varias veces cuestionados el poder político. A finales de 2002, el Congreso votó la derogación de estas leyes entre otras que otorgaban las famosas jubilaciones de privilegio. Pero el entonces presidente de la Nación, Eduardo Duhalde, vetó esa derogación de las leyes que beneficiaban a los obispos y mantuvo el privilegio.Eduardo Duhalde, en 2002, vetó una ley que cancelaba las asignaciones a la jerarquía de la Iglesia (REUTERS)Eduardo Duhalde, en 2002, vetó una ley que cancelaba las asignaciones a la jerarquía de la Iglesia (REUTERS)

Ahora, la Organización Laicista Argentina (OLA), donde confluyen unas 50 agrupaciones de los derechos humanos, la diversidad de género, o la ayuda social, presentó un anteproyecto de ley iniciativa popular que propone, nuevamente, la derogación de estas normas, entre otras, como el sostenimiento mensual a la formación del Clero Diocesano y de otras Órdenes de la Iglesia Católica, una ley votada el dictador Reynaldo Benito Antonio Bignone. Por cada seminarista, la Iglesia recibe un monto equivalente a la Categoría 10 del Escalafón del Personal Civil de la Administración Pública Nacional.

Sin embargo, la iniciativa popular está frenada porque debe llevar la rúbrica del Defensor del Pueblo de la Nación para ir hacia el Congreso. Pero ese puesto está vacante desde 2009 una falta de acuerdo histórico en ambas Cámaras.

“Yo como representante de comunidades de diversidad sexual no quiero que con esa plata inviertan en campañas para formar gente contra mis derechos, con mis propios impuestos. No creo que haya que perseguirlos ni prohibirlos pero el que quiere un cura, que se lo pague”, comentó Pao Raffetta, de la agrupación Apostasía Colectiva, incluida en OLA.

“Entendemos que todo lo que sea público tiene que ser secular y ese es el esfuerzo compartido y que permite que haya distintas cosmovisiones políticas o ideológicas dentro de OLA. La iniciativa popular avanzó a muy buen ritmo pero nos encontramos con este inconveniente que desde 2009 a la fecha sigue vacante el cargo de Defensor del Pueblo”, agregó Vicente Suárez Wollert, integrante de la red de sobreviviente de abusos eclesiásticos, que en 2019 denunció al sacerdote y ex capellán del Ejército José Miguel Padilla, abusos sexuales ocurridos entre 2014 y 2015 en General Pico, La Pampa.

El vínculo de la Iglesia con las Fuerzas Armadas es histórico. El decreto 9471/43, del ex presidente Ramírez, reconoce con el grado de Generala del Ejército a la Santísima Virgen María. El mismo mandatario firmó otro decreto que instituye a “Nuestra Señora de Loreto” como patrona de la aviación argentina.

Unos años después, José María Guido, presidente argentino entre marzo de 1962 y octubre de 1963, firmó un decreto que reconoce con jerarquía de “Brigadiera” a la Virgen María bajo la advocación de Nuestra Señora de Loreto.El decreto 9471/43, del ex presidente Pedro Pablo Ramírez, reconoce con el grado de Generala del Ejército a la Santísima Virgen MaríaEl decreto 9471/43, del ex presidente Pedro Pablo Ramírez, reconoce con el grado de Generala del Ejército a la Santísima Virgen María

Pedro Eugenio Aramburu ya había decretado en 1957 la disposición de gastos del Vicariato Castrense con cargo de Rentas Generales y que “cada uno de los Ministerios de Guerra, Marina y Aeronáutica proveerá a las asignaciones para el personal del Vicariato correspondiente a su Fuerza, incluso para para los Capellanes Mayores, y a los gastos que ocasione el sostenimiento del servicio religioso.” Y el dictador Alejandro Agustín Lanusse incluso les confirió “estado militar” a los capellanes de la Marina.

Más allá de las evocaciones simbólicas, algunas decisiones de los dictadores argentinos, especialmente de la etapa 76-83, generaron durante casi cuatro décadas de democracia un gasto al Estado específico para un culto que, si bien es mayoritario en Argentina y su “sostenimiento” figura en la Constitución, puede ser considerado injusto.

“¿Por qué lo que es de todos los argentinos tiene que estar destinado a un culto? No tiene sentido”, se preguntó Suárez Wollert.

“Estoy totalmente en desacuerdo que una campesina palestina sea generala, pero no recibe mucha guita”, bromeó en relación al decreto de Ramírez ante la consulta de Infobae el sacerdote Eduardo de la Serna, de los Curas en Opción los Pobres, con actividad en la Parroquia San Juan Bautista de Bernal, al sur del conurbano bonaerense.

“En el grupo de curas nuestro hemos hablado que nos parece que el Episcopado debería renunciar, absolutamente. Videla lo hizo para que los obispos se callen la boca o agradeciendo su silencio”, comentó de la Serna. Sin embargo, aclaró que “hay mucha fantasía sobre la guita de la Iglesia”. Y ejemplificó: “Si yo soy el párroco de ‘la redonda’ de Belgrano recibo mucha guita pero el 95% de las parroquias son otra cosa. ¿De dónde saca el cura guita?”.Por iniciativa del Papa Francisco, la Conferencia Episcopal Argentina empezó en 2017 un proceso de renuncia a esos privilegios (VATICAN NEWS)
Por iniciativa del Papa Francisco, la Conferencia Episcopal Argentina empezó en 2017 un proceso de renuncia a esos privilegios (VATICAN NEWS)

A pesar de que hubo en los últimos años anteproyectos de ley en el Congreso para derogar estas normativas de las dictaduras y de que nunca prosperaron, existe un acuerdo entre el Gobierno y la Conferencia Episcopal de reducción de estas asignaciones en un proceso (lento pero sostenido) de renuncia a estos beneficios.

En noviembre de 2017 la Iglesia comenzó un proceso de reforma económica para renunciar a estos aportes del Estado, específicamente las asignaciones de obispos, parroquias de frontera y para seminaristas. Por iniciativa del Papa Francisco la Iglesia creó el Programa Fe, que funciona desde 2020: se trata de una plataforma nacional de donaciones, con una campaña de desarrollo de fondos con la idea de que, progresivamente, la Iglesia pueda renunciar a esos aportes.

“Los aportes se vienen disminuyendo porque no se actualizan”, comentó una fuente episcopal a Infobae que aclaró, en consonancia con de la Serna, que “estas asignaciones, en el 95% de los casos es para los obispados que termina en la nafta para los curas, que no cobran un salario, o la comida de las parroquias”.

Fuentes de la Secretaría de Culto de la Nación admitieron a este medio que el proceso de renunciamiento existe, concretamente desde finales de 2019. Si hoy un juez nacional de primera instancia cobra, en promedio, cerca de 270.000 pesos, los obispos y arzobispos reciben $ 55.000. Es alrededor del 25%, lejos del 80% que establece la ley. Y los jubilados reciben aproximadamente 45 mil pesos.El obispo de San Isidro, Oscar Ojea (foto), y el arzobispo de La Plata, Víctor “Tucho” Fernández impulsaron “motu propio” con el respaldo del Papa Francisco la renuncia progresiva a las asignacionesEl obispo de San Isidro, Oscar Ojea (foto), y el arzobispo de La Plata, Víctor “Tucho” Fernández impulsaron “motu propio” con el respaldo del Papa Francisco la renuncia progresiva a las asignaciones

“Desde 2017 se resignó el 50% del valor de los aportes. Además del proceso de renuncia gradual también está que al no actualizarse más la inflación pierde valor”, agregaron fuentes eclesiásticas que admitieron que “las charlas con Secretaría de Culto han sido muy buenas y esto se va a reemplazar”.

Para las actuales autoridades de la Iglesia católica argentina, “el autosustento es la misión”. Una fuente consultada fue clara al respecto: “En lo simbólico es importante que se terminen esas leyes de la dictadura, pero en lo económico cada vez va siendo menos. Hay diócesis para las que la plata es muy importante pero igual creemos que hay que renunciar”.

El kirchnerismo discutió esta situación desde que llegó al poder nacional, en 2003. Hay un sector de la Iglesia que desde esa época está de acuerdo con que hay que terminar con este privilegio firmado un genocida. La idea no avanzó la resistencia del sector conservador, que en aquel momento de principios de siglo tenía mucho más poder e influencia en la Iglesia que actualmente. “Aun hoy que hay nuevos obispos con olor a oveja quedan algunos que resisten”, comentó un alto cargo del Gobierno con permanente diálogo con las principales autoridades episcopales.

El obispo de San Isidro, Oscar Ojea, y el arzobispo de La Plata, Víctor “Tucho” Fernández impulsaron “motu propio” con el respaldo del Papa Francisco la renuncia progresiva a las asignaciones. “Habla bien de ellos y les conviene. La idea es que es un Estado laico. Y que como en muchos países la Iglesia esté separada en la relación con el Estado. Eso no quiere decir que no colaboren. La separación es un punto de independencia”, comentaron desde el Gobierno.Videla, en prisión, con un crucifijo a sus espaldasVidela, en prisión, con un crucifijo a sus espaldas

Según de la Serna, “hay varios obispos” que ese dinero lo usan para ayudar a curas enfermos o solos. “No usan la guita para cambiar el auto. Creo que no deberían recibirla. Creo que la Iglesia debería tener un modo de solidaridad interna pero para eso también habría que sacarle la idea a la gente de que los curas tenemos sueldo. El único sueldo que tuve es porque fui docente. Y tengo la jubilación mínima. La parroquia donde estoy en Bernal Oeste paga la luz, el gas, pero la comida, la limpieza la pago yo. Pongo plata para ser cura”, comentó.

Otra fuente de la Iglesia consultada coincidió con el sacerdote de Bernal. “En muchas diócesis con esa plata se bancan 10 parroquias”, graficó. “Los católicos son los que tienen que mantener a los ministros de su culto si no trabajan. Por eso trabajé toda mi vida. Nunca recibí guita de nadie. Sería bueno una derogación, pacíficamente”, dijo de la Serna. “Vamos camino a la renuncia. No somos Alemania y el fiel argentino tiene poca cultura de sostener el culto”, explicó otra fuente eclesiástica.

“Hasta fines de los 90 el Gobierno les pagaba a obispos los pasajes de avión, la Secretaría de Culto les firmaba una credencial, como si fueran funcionarios o empleados del Estado. Eso no va más, y el final de las asignaciones va a llegar, es lento pero sostenido”, comentaron desde el Gobierno.