Ordenan al Poder Judicial bonaerense a cumplir con el cupo laboral para personas con discapacidad

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En un plazo de 18 meses, deberá adecuar el porcentaje del 4% que establece la ley 10.592 para todos los organismos estatales.

El Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°1 de La Plata ordenó al Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires cumplir con el cupo laboral del 4% para personas con discapacidad en un plazo de 18 meses. Asimismo, dispuso la conformación de una mesa de trabajo y la adecuación en 6 meses del régimen de ingreso para personas con discapacidad.

La demanda había sido iniciada un grupo de personas con discapacidad visual y motriz y contó con el patrocinio de la Asociación Civil para la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Director de la Clínica Jurídica de Derechos Humanos y Discapacidad de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UNLP.

En su presentación, alegaron que el actual sistema de selección y designación en el Poder Judicial, vulnera de manera estructural sus derechos a no ser discriminados, al trabajo, a la vida independiente, a un nivel de vida adecuado, a la información completa y veraz, a una protección preferente y al acceso a la justicia.

Según informó la Fiscalía de Estado provincial, en el Poder Judicial de la provincia se encuentran trabajando 135 personas con discapacidad, lo que representa el 2,77% del total del personal, debajo del piso mínimo exigido el artículo 8° de la Ley 10.592.

En su resolución, el juez interino Francisco Terrier tuvo en cuenta el impacto diferencial en el acceso al trabajo de las mujeres con discapacidad, donde según estadísticas nacionales, los varones con discapacidad presentan una tasa del 40,3% de empleo frente a un 25,8% de las mujeres con discapacidad.

Además, consideró que las personas con discapacidad no solo deben ser incorporadas para meramente cumplir con el cupo, sino que éstas deben ser incluidas para participar en los procesos de toma de decisiones en las políticas públicas.

En su parte dispositiva, la sentencia ordenó al Poder Judicial que en un plazo de 6 meses adecúe el régimen de ingreso a los estándares impuestos la Ley 10.592, garantizando los principios de igualdad de género y accesibilidad en la información, entre otros aspectos.

Asimismo, otorgó un plazo de 18 meses para que se cumpla con el cupo mínimo de 4% de personas con discapacidad dentro del personal judicial en la provincia.

Por último, ordenó al Poder Judicial que en el plazo de 2 meses conforme una mesa de trabajo con participación de personas con discapacidad, ONG’s, expertos/as y el SECLAS (Servicio de Colocación Laboral Selectiva para Personas con Discapacidad).